En Puerto Madero frenan la construcción de una estación de servicio
La Justicia porteña ordenó hoy la suspensión de un permiso de obra otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a una empresa privada para la instalación de una estación de servicio en un predio de Puerto Madero, donde también están proyectadas las construcciones de dos escuelas y una iglesia.
La resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario ratificó la medida para impedir la realización de todo tipo de trabajo en el terreno situado entre las calles Aimé Painé, Rosario Vera Peñaloza, Julieta Lanteri y Encarnación Ezcurra, perteneciente al Arzobispado de Buenos Aires.
La orden hizo lugar a un recurso de amparo presentado en noviembre de 2022 por el consorcio de propietarios "Complejo Puerto Madero Plaza", que cuestionó la realización del proyecto a cargo de la compañía Lomfako, la cual contaba con el permiso de la administración porteña para la construcción de una estación de servicio, al lado de una escuela.
En esa presentación, reclamaron "que se dé estricto cumplimiento al cargo establecido en la donación del predio y no se ponga en riesgo las garantías ambientales previstas por la ley" y advirtieron sobre "un proyecto comercial prohibido por la normativa que genera riesgos indubitados al medio ambiente".
También alegaron una "franca violación a las normas" por "la habilitación de la construcción de una estación de servicio al lado de un colegio que incluye jardín de infantes, escuela primaria y secundaria".
El predio en cuestión perteneció a la Corporación Puerto Madero hasta 1993, cuando fue donado a favor del Arzobispado de Buenos Aires con el cargo de construir "una Iglesia bajo la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza, una casa parroquial, una vivienda para los sacerdotes y un colegio".
No obstante, los vecinos tomaron conocimiento de un acuerdo entre el Arzobispado y Lomfako para sumar sobre los terrenos que dan sobre la calle Encarnación Ezcurra una estación de servicios y una construcción que oficie para la venta de alimentos y bebidas, a través de una concesión por 40 años.
En el amparo, en tanto, denunciaron también las irregularidades de la audiencia pública, convocada por la Agencia de Protección Ambiental, que analizó el proyecto de la empresa privada y que se llevó adelante el 29 de diciembre del 2020, bajo la modalidad virtual en la cual participaron cinco personas, ninguna de las cuales fueron vecinos o vecinas del barrio.