Presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para que se investigue si jueces resuelven bajo presión

Una denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura pidió que se investigue si los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) resuelven causas bajo presión de organizaciones laborales y sus abogados.

Según fuentes vinculadas a la denuncia, contenida en una nota dirigida al presidente del Consejo, también titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se requirió también que se determine si se cometieron los delitos de cohecho y prevaricato.

El pedido fue formulado por el abogado Isaac Wieder, basado en el Acta 2764/2022 de la CNAT, en la que se plasmó un acuerdo relacionado con la tasa de interés aplicable a los créditos laborales, y en el que uno de los camaristas se refirió a los "reclamos" de quienes participan en esos procesos.

La crítica del letrado se centró sobre Roberto Pompa, quien entonces dijo que "la mirada de los actores sociales que participan en los procesos que tramitan por ante nuestro fuero está puesta sobre nosotros" y que si bien no había que someterse a las presiones, se debían escuchar los reclamos.

"Y más -agregó Pompa- cuando provienen de las personas que gozan de preferente tutela constitucional y de las asociaciones de abogados más importantes que los defienden, como lo son la Asociación de Abogados Laboralistas de Buenos Aires, la Corriente 7 de Julio o el Instituto de Derecho Laboral de la Asociación de Abogados de Buenos Aires".

Wieder expuso, en ese sentido: "Me produce pánico que un juez de la República Argentina, se anime a confesar formal y públicamente que la Cámara Nacional Laboral dicta sentencias y acordadas conforme a las presiones a que están sometidos y se subordinan a las organizaciones citadas en el acta CNAT 2764".

El letrado advirtió sobre las consecuencias económicas porque se interpreta que "los reclamos (mejor dicho presiones) provienen de personas que gozan de preferencia constitucional" y que "los demandados en los juicios laborales son ciudadanos de segunda clase", sin "derecho a la igualdad".(Télam)