El oficialismo aprobó y giró al senado la ley de Inocencia Fiscal II

A pedido de los aliados, en el dictamen del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se establecieron límites para funcionarios, a raíz del antecedente Manuel Adorni.

Entre los principales cambios, con el fin de incentivar a los ahorristas, se eliminan los topes de ingresos y patrimonio que rigen para acceder al régimen y se flexibiliza el concepto de "discrepancia significativa", sobre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Tras la votación en general, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado no aceptó propuestas de modificación y solicitó la votación de forma nominal por título, que resultó con 143 votos afirmativos, 108 negativos.

De esta manera, el Título 1 (comprende Capítulo 1 -con art. 1 y 2-, y Capítulo 2 -art.3 al 13-), el Título 2 (art. 14 al 16), Título 3 (art 17 al 18) y Título 4 (art 19) cosecharon 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones. 

Como miembro informante, la diputada Laura Rodríguez Machado (LLA) respaldó el dictamen de mayoría del Poder Ejecutivo que modifica la Ley de Inocencia Fiscal y que “corrige la del procedimiento tributario”.

“Esta ley requería algunas modificaciones o aclaraciones, ya que su funcionamiento generó la necesidad de algunas precisiones dentro de su contenido”, afirmó la cordobesa y explicó que la ley “lo que hace es una cuestión muy sencilla, pero revolucionaria que es confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos, y no tomarlo como un sospechoso por el solo hecho de haberse protegido durante las épocas de hiperinflación, donde no se podía ahorrar, con una escudo protector que fue el ahorro en  la informalidad”.

“Tuvimos tanta inflación que somos unos de los pocos países que gana en pesos, pero ahorra en dólares y eso genera una sospecha permanente de que miles de ciudadanos que trataban de proteger sus ahorros, eran delincuentes”, apuntó la libertaria y comparó: “En esas circunstancias actuó el ex AFIP generando inspecciones sobre pequeños ahorristas, dejando pasar a los grandes yates, viviendas, mansiones como si nada. Ahora ARCA tiene una instrucción precisa de saber a quién tiene que investigar a aquellos donde hay discrepancia de determinados montos de que genere sospechas con ingresos que no corresponden”.

La cordobesa indicó que la ley está para “los pequeños contribuyentes, generó sospechas”, y comentó que los bloques, que habían acompañado el despacho, pidieron analizar la posibilidad de que los funcionarios públicos queden afuera de la Inocencia Fiscal y aclaró: “Es una presunción de inocencia, no se les perdona el delito, no es que no se los investiga. Cualquier persona que se adhiera y se le haga una denuncia por una cuestión ilícita puede ser investigado. No obstante, los funcionarios tienen que presentar su declaración jurada ante la Oficina de Anticorrupción”.

“No dudamos un minuto de eliminar a los funcionarios públicos de los beneficios de la Ley de Inocencia Fiscal. No nos tiembla el pulso cuando se trata de generar transparencia y menos impunidad”, respaldó y apuntó contra el bloque de UP: “No sé de qué se van a disfrazar cuando voten en contra”. Así, remarcó: “La Ley de Inocencia Fiscal se hizo para los pequeños contribuyentes que fueron tanto tiempo perseguidos y, también, estigmatizados cuando decían que ahorraban en dólares”.

Rodríguez Machado concluyó: “Los funcionarios ya, a partir de la sanción, no van a tener más la posibilidad de adherir a los beneficios de la Ley de Inocencia Fiscal y vamos a agregar que se mantiene para los funcionarios la decisión de que todos sus vínculos parentescos y cercanas siguen siendo personas políticamente expuestas de manera tal, que tienen que informar cuándo tienen una transacción comercial, abren una cuenta bancaria y exteriorizan la moneda”.

“Nosotros no queremos impunidad ni buscamos amnistía ni protegernos en una ley, los diputados nacionales vamos a votar para salir de la Ley de Inocencia Fiscal y fíjense quiénes no votan. Una cosa es el relato y otra cosa son los hechos”, disparó contra la bancada kirchnerista. Además, comentó que incorporaron una disminución de la presión fiscal en las multas que “se van a reducir un 25% las multas formales y se estableció un régimen de excepción para aquellas multas vencidas que vuelvan a la formalidad en un 50%. Ese alivio para las PyMES fue bien recibido porque también aplica a personas”.

La diputada aclaró que no van a tener los beneficios del nuevo régimen los grandes contribuyentes, las personas jurídicas, los que no tengan residencia fiscal en el país. “Es una ley para la gente, para los argentinos cuyo único escudo protector para las políticas inflacionarias del kirchnerismo fue el ahorro informal”.

A continuación, por el dictamen de minoría del bloque de UP habló el pampeano Ariel Rauschenberger quien aseguró que el proyecto oficialista no “se trata de una simplificación tributaria porque es mucho más que eso”, y planteó que “si fuese una simplificación administrativa no estaríamos hablando de presunciones legales, de períodos de pruebas, prevención de lavado de activos”.

“Esto es un proyecto que plantea casi un blanqueo de dinero para operaciones inmobiliarias y una presión hacia la UIF para que modifique la normativa de lavado de activos, porque es lo que está complicando que el sistema funcione”, cuestionó.

El pampeano también señaló que “las modificaciones que le introdujeron se amplía el universo de quienes van a estar beneficiados porque dice que es para beneficiar a los pequeños y medianos contribuyentes para simplificarles la vida, pero el límite de mil millones de pesos de ingreso y de 10 mil millones de pesos de patrimonio se eliminan por lo tanto deja de ser beneficioso para los pequeños y medianos, e ingresan los que tienen mayor capacidad contributiva”.

También criticó la “reducción deliberada de la capacidad fiscalizadora del ARCA para controlar fondos no justificados. Defender esa capacidad no significa vender la arbitrariedad del Estado, sino defender tener un sistema impositivo que sea equitativo y tenga herramientas de fiscalización”, y alertó que “este dictamen modifica la discrepancia significativa que es la diferencia entre lo que la persona declara y lo que ARCA determina, pero se le restringen las facultades al ARCA y se elevan las barreras para que una inconsistencia sea considerada relevante. Esto tiene consecuencias porque aplica la prescripción porque pasan 3 años en vez de 5 años”.

Rauschenberger también alertó que “hay restricción para levantar pruebas y se deroga el inciso G del artículo 18 de la Ley 11.683 que permite el cruzamiento entre los depósitos bancarios que tenga la persona con los que declaró como ingreso por su facturación”. En esa línea, planteó: “Otro capítulo que nos preocupa es la prevención del lavado de activos porque el proyecto considera cumplido el requisito de canalización cuando el sistema financiero formal intervenga en el origen o destino de la operación, esto no acredita la procedencia económica originaria de los fondos. El régimen tiene características que exceden a una simplificación tributaria y bancarización”.

Por último, alertó que el dictamen de mayoría “se le aproxima a un blanqueo” porque “facilita la incorporación de fondos no declarados al circuito formal, limita la revisión. La reducción del 25% a las PyMES lo hace de forma homogénea sigue tratando de la misma manera a situaciones diferentes. Propusimos la cuestión de la capacidad contributiva, escalas diferenciadas por tamaño y haya reducciones según la categoría de la empresa. La propuesta es imparcial e insuficiente”.

“Nosotros no rechazamos la simplificación tributaria. No rechazamos la incorporación de recursos al circuito formal. No rechazamos la garantía del contribuyente frente a la arbitrariedad del Estado. Si rechazamos que esos objetivos sean utilizados para justificar menos control, menos trazabilidad y mayores beneficios para quienes poseen mayor capacidad económica.  No puede haber seguridad jurídica solamente para quienes adhieran a la inocencia fiscal, tiene que haber seguridad jurídica para quien cumple, para quien paga, para quien produce y para una sociedad que también necesita tener una recaudación tributaria justa y equitativa. Así, se premia la evasión y el esfuerzo termina recayendo sobre los pagadores de siempre. Por eso rechazamos este proyecto”, remató.

Por el bloque Provincias Unidas, la diputada Mariela Coletta argumentó el dictamen de rechazo y calificó la iniciativa del Ejecutivo como “inoportuna, desubicada, injustificada y perjudicial para las instituciones”. En esa línea, señaló que los beneficiados son “los sectores que planifican la evasión, que defienden la fuga de capitales y no creen en la redistribución de riquezas”.

“Este proyecto es de ‘obscenidad fiscal’ porque el otro no alcanzó a contentar a los amigos que tienen los dólares en el colchón. Mientras tanto el Gobierno se niega a transparentar cuántos fueron los funcionarios que ingresaron al Régimen estos meses”, cuestionó y resaltó: “Este proyecto no aplica para los que ya ingresaron. Es inevitable hablar del caso de Manuel Adorni”.

Coletta chicaneó: “Vi el esfuerzo de los diputados oficialistas por endulzar este proyecto y su verdadero propósito. Para los grandes evasores que no pueden justificar su patrimonio se redactan leyes de Inocencia Fiscal a la carta. Es un concepto vacío. El Congreso debería debatir una reforma tributaria de base y real. Propongo el rechazo a este proyecto”.

Previsiblemente, desde la izquierda el diputado Nicolás del Caño defenestró la propuesta, que a su juicio “premia a los grandes evasores y busca garantizarles impunidad”. Recordó que hace un año el proyecto de Inocencia Fiscal original “se presentó con bombos y platillos”. Y recordó que entonces fue presentado nada menos que por José Luis Espert y el presidente Javier Milei.

“El narcodiputado Espert es el promotor de esta ley de inocencia fiscal, y se benefició justo él, con (Manuel) Adorni, y otros funcionarios… ¡Viva la joda!”.

No obstante, advirtió que ahora los funcionarios encontraron que había algunos problemas, si bien pasaron apenas ocho meses y por eso decidieron: “Vamos a quitar los topes, mil millones de ingresos y 10 mil millones en patrimonio… Quitamos cualquier límite, pero bueno, claramente esto está mostrando que antes podían decir ‘bueno, vamos al pequeño contribuyente’… Ahora dicen con claridad que apuntan a los grandes evasores, a esa gente vamos a beneficiar”.