El fiscal Delgado y la LADH apelan la resolución de incompetencia de Canicoba en la causa de encubrimiento
El fiscal federal Federico Delgado y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) formularon hoy sendas apelaciones a la decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, de declararse incompetente para investigar si el gobierno nacional encubrió a la Gendarmería en el marco de la causa en la que se investiga la desaparición de Santiago Maldonado.
El representante del Ministerio Público apeló la decisión del magistrado, por considerarla "prematura y sin ninguna investigación previa", mientras que la LADH lo hizo respecto de "la totalidad de la resolución", en la que ese juez de la Capital Federal dispuso también remitir la denuncia al Juzgado Federal de Esquel, que investiga la desaparición de Maldonado en Chubut.
"El juez, sobre la base de calificaciones y disquisiciones dogmáticas, sin ningún tipo de investigación previa ni indagación concreta de los hechos se declaró incompetente y ordenó la remisión de la investigación" al Juzgado Federal de Esquel, en Chubut, sostuvo el fiscal en su dictamen.
El lunes de esta semana, Canicoba Corral se había declarado incompetente y resolvió remitir la denuncia por encubrimiento al Juzgado de Esquel, a cargo del juez federal Guido Otranto, porque, según argumentó, estaba vinculada a la causa por la desaparición de Maldonado.
Por su parte, en un escrito que presentó con el patrocinio de los abogados Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis, entre otros, la LADH sostuvo que "no hay identidad de objeto procesal (de la denuncia por encubrimiento), como se sostiene en el auto recurrido y las causas que tramitan por ante la Justicia Federal de la provincia de Chubut".
La apelación presentada por Graciela Rosenblum y José Schulman en representación de la LADH, en la causa caratulada "Macri, Mauricio y otros s/encubrimiento desaparición forzada y otros", dejó formulada la "protesta de casación y reserva del caso federal" para el caso de que la Cámara de Apelaciones rechace el recurso.
En cuanto al fiscal Delgado, sostuvo que había riesgos en la decisión "apresurada" de Canicoba Corral y recordó que había recomendado, además, que el juez Guido Otranto sea apartado del caso porque fue él quien ordenó el operativo en cuyo contexto desapareció Maldonado y "articuló la intervención" de la Gendarmería que reprimió a integrantes del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en el noroeste de Chubut.
"Una pregunta es qué pasó con Santiago Maldonado; otra pregunta es qué hizo y qué dejó de hacer el Estado en ejercicio de sus responsabilidades propias", remarcó Delgado en su dictamen de hoy, en el que distinguió también entre ambos objetos procesales.
En cuento al supuesto encubrimiento, el fiscal señaló además que es preciso preguntarse "qué hicieron o dejaron de hacer las autoridades respecto a la desaparición de Santiago Maldonado, para luego examinar si esas acciones y/u omisiones podrían constituir algún delito".
La denuncia presentada por la LADH reclamaba investigar por encubrimiento de ese hecho al presidente Mauricio Macri y sus ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Germán Garavano (Justicia), junto a responsables de Gendarmería Nacional y otros funcionarios nacionales.
En la apelación presentada hoy por esa organización, se invocan las dos convenciones -regional e internacional- "ratificadas por la nación argentina y luego incorporadas con jerarquía de cláusulas constitucionales".
En ese marco, recuerda resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU respecto de la desaparición de Maldonado y sostiene que "quien debe responder ante los organismos de los pactos es el Presidente de la Nación Argentina, en su condición de representante legal del Estado/Nación (art. 99, inc 1º, C.N.)".
La denuncia por presunto encubrimiento fue presentada en los juzgados federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, ya que apunta al gobierno nacional y a varios de sus funcionarios.
Los denunciantes habían hecho referencia a un "pacto de silencio" de las autoridades estatales para "deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social".
Según los denunciantes, la desaparición de Maldonado se produjo a manos de la Gendarmería y fue encubierta por autoridades del gobierno nacional y de la propia fuerza a través de la utilización de pistas falsas para desviar la atención.