Jaime y Schiavi fueron procesados por corrupción en la compra de trenes usados
El juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva al ex secretario de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime, y a su ex asesor Manuel Vázquez por presuntas irregularidades en la compra de trenes a España y Portugal.
El magistrado también procesó al sucesor de Jaime, Juan Pablo Schiavi, aunque él quedó sin prisión preventiva.
Ercolini ordenó el procesamiento de Jaime y Vázquez por los delitos de "peculado, defraudación a la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles y tráfico de influencias" y les trabó embargo por 100 millones de pesos.
El titular del juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Federal Nº10 también procesó, sin prisión preventiva, al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, a quien le trabó un embargo por 20 millones de pesos, y a los empresarios Ignacio Soba Rojo y Ricardo Testuri.
En la causa se investiga una compra de trenes realizada en 2005, valuada por la Auditoría General de la Nación en 100 millones de euros, y cuyos vagones se encuentran arrumbados en depósitos ferroviarios como chatarra.
De acuerdo con la investigación, las millonarias compras de vehículos ferroviarios a Europa se concretaron “por material que no lo valía” y apuntaban en realidad a “generar retornos”. Jaime quedó detenido a principios de abril por este caso.
Sobre Jaime y Schiavi pesan además condenas de prisión por la masacre de Once, que todavía no tuvieron principio de ejecución.
"Se encuentra suficientemente probada en autos la participación de un grupo de personas, conformado por Ricardo Raúl Jaime, Juan Pablo Schiavi, Manuel Vázquez, Ignacio Soba Rojo y Ricardo Domingo Testuri, junto a otras que pueden surgir del devenir de la instrucción, que en forma coordinada y funcional, durante el período comprendido entre el 8 de julio de 2004 y el 6 de marzo de 2012, realizaron una serie de actos que, dirigidos desde la Secretaría de Transporte (ST) dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (MPFIPS), generaron un perjuicio patrimonial ilegítimo e injusto al erario público", escribió el juez en el fallo.