Hugo Godoy: El Gobierno ataca la capacidad de acción colectiva de los trabajadores
El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, cuestionó duramente la modificación introducida por el Gobierno a través del Decreto 612/2026, al considerar que restringe aún más el financiamiento de los sindicatos y forma parte de una estrategia antisindical. «Queda en evidencia que al Gobierno parecen molestarle menos los aportes a cargo de los empleadores que aquellos que se imponen a los trabajadores», sostuvo el dirigente.
En declaraciones tras la publicación del decreto, Godoy afirmó que la norma forma parte de un «ataque a la capacidad de acción colectiva de los trabajadores, al dificultar la obtención de recursos para el funcionamiento de las organizaciones sindicales, en particular los provenientes de los aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo». El dirigente recordó que la reforma laboral ya había impuesto un tope del 2% para los llamados «aportes solidarios», y que el Decreto 407/2026 lo restringió aún más al disponer que el tope debía calcularse sobre el salario básico de convenio.
Según Godoy, con el nuevo decreto el tope del 2% debe calcularse sobre el salario básico de convenio más los adicionales de periodicidad mensual (como antigüedad, presentismo o bonificación por título), pero quedan afuera otros rubros que integran la remuneración del trabajador, como horas extras, aguinaldo o premios por producción. «La diferencia es que la inconstitucionalidad era más evidente en el caso del Decreto 407/26 que en el del Decreto 612/26. El Gobierno sigue intentando restringir las posibilidades de financiamiento de las organizaciones sindicales, como parte de un ataque que comenzó con el DNU 70/23, cuya impugnación judicial continúa a la espera de una sentencia de la Corte Suprema», sostuvo.
El dirigente de la CTA Autónoma cuestionó que la norma, si bien excluye del tope del 2% las contribuciones de los empleadores destinadas a fines sociales, asistenciales o previsionales , mantiene y profundiza la restricción sobre los aportes que realizan los propios trabajadores. «Cuando el financiamiento proviene del aporte de los trabajadores, la autonomía sindical es mayor que cuando depende de contribuciones patronales. Esto forma parte de una estrategia destinada a fortalecer prácticas antisindicales», afirmó Godoy.
El decreto 612/2026, firmado por Javier Milei, Diego Santilli y Sandra Pettovello, fue el resultado de negociaciones reservadas con la CGT para corregir una restricción que había impulsado el ministro Federico Sturzenegger. Mientras la central obrera celebró la flexibilización parcial, desde la CTA Autónoma consideran que la medida mantiene el espíritu de recorte al financiamiento sindical. «Ambos decretos son inconstitucionales», sentenció Godoy, al tiempo que reafirmó el rechazo del sector a lo que consideran una ofensiva sistemática contra la representación gremial.