La Cámara de Diputados sancionó el acuerdo de renegociación de pago con fondos buitres
La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de acuerdo de pago con fondos buitres, enviado por el Poder Ejecutivo, por 138 votos a favor, 98 en contra y 0 abstenciones. La iniciativa ya contaba con aval del Senado y la Argentina tenía como plazo el 30 de junio para su aprobación, lo cual se produjo este miércoles con la sanción definitiva.
La Libertad Avanza votó a favor con la colaboración del Pro, el radicalismo, el MID, Independencia, Innovación Federal, la bonaerense Karina Banfi, el santacruceño José Luis Garrido, Provincias Unidas y los sanjuaninos de Producción y Trabajo. Mientras que en contra estuvieron los integrantes de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, el puntano Jorge "Gato" Fernández, Miguel Pichetto, la cordobesa Natalia De La Sota, Marcela Pagano y Elijo Catamarca.
El proyecto prevé la aprobación de Acuerdos de Conciliación celebrados con dos fondos que no ingresaron en pactos alcanzados anteriormente por la Argentina con otros holdouts.
Se trata de acuerdos por el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Son bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001, pero no ingresaron en canjes anteriores.
En los argumentos de la iniciativa, el Gobierno destacó que con estos acuerdos terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos. Sobre las ventajas financieras, indicó que “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y permitirá “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.
El acuerdo implica pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”.
Asimismo, establece expresamente que los honorarios de los abogados son de exclusiva responsabilidad de los acreedores.
Durante el debate, La Libertad Avanza y el kirchnerismo protagonizaron la discusión con acusaciones cruzadas sobre el origen y pago de la deuda del país a lo largo de los años.
En el rol de miembro informante, el libertario Bertie Benegas Lynch presentó el dictamen de mayoría y arrancó criticando la Ley de Pago Soberano del 2014 y acusó al kirchnerismo: “Fueron irresponsables y sinvergüenzas políticos porque votaron una cesación de pagos arrastrando a los argentinos a una nueva aventura de decadencia”.
En virtud del Acuerdo de Conciliación en cuestión, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda afirmó que “tenemos la oportunidad de cerrar esta herida de deshonra internacional después de 25 años”. A su vez, destacó que se llegó al número de 171 millones de dólares “después de una larga negociación”, y sintetizó: “Se debe a los fracasos de la política”.
El oficialista recordó que “pasamos por la vergüenza de pasar por los procesos de Discovery y los embargos judiciales”, y después defendió que, ahora, “la urgencia tiene motivos: primero, se negoció una condición de quita de un 30% de este remanente; segundo, se nos exime de pagar honorarios legales; y tercero, los acreedores se comprometen a no hacer nuevas acciones legales”.
Finalmente, Benegas Lynch explicó que la “urgencia” de sancionar este texto también se debe a la prórroga que vence en seis días (30 de junio): “Si no la aprobamos, se cae el Acuerdo de Conciliación y se renuevan las instancias de litigios”. Y cerró con críticas a la oposición: “Va a haber discursos corrosivos porque son los apóstoles del default y no me entra en la cabeza que se vote en contra de esto”.
En defensa del dictamen de minoría, el diputado de Unión por la Patria Itaí Hagman salió al cruce de la definición lanzada por Benegas Lynch sobre “los apóstoles del default”. “Nuestro país está atravesado por sucesivas crisis financieras vinculadas a procesos de sobreendeudamientos y default, pero si uno revisa en qué ciclos históricos se dieron, la conclusión es exactamente la opuesta de la que acabamos de escuchar”, señaló y resaltó que “hoy nos gobierna en Argentina el mismo liberalismo oligárquico que endeudó a nuestro país y los llevó a sucesivas crisis”. En este sentido, afirmó que “los gobiernos nacionales y populares fueron la excepción a esta regla” y “los que han intentado resolver el problema”.
Sobre el proyecto, el opositor aseguró que “lo que se está discutiendo acá es pagarles a fondos buitre. El término holdouts suena mejor, parece más inofensivo, pero no tengan miedo de decir que lo que quieren es pagarle a los fondos buitre, como hace 10 años (en 2016)”. Y acusó al Gobierno de que su política económica tiene como objetivo “bajar el riesgo país para volver a endeudar a la Argentina”. Además, sobre la iniciativa, dijo que se “les está dando un trato preferencial a un grupo minoritario por sobre la mayoría de los acreedores”, algo que no se puede hacer según la ley vigente.
También en contra del proyecto, la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá consideró que este acuerdo “es un capítulo nuevo que ya sabemos de qué se trata” y definió lo que es un fondo buitre: “Su única función es tratar de comprar papeles de deuda de algunos países desvalorizados para luego, haciendo juicios, obtener ganancias extraordinarias”.
“Se está reconociendo una vez más una deuda completamente ilegítima”, cuestionó la bonaerense y subrayó que el monto de 171 millones de dólares “es realmente una fortuna incalculable” para los jubilados que reciben “jubilaciones de hambre”, las universidades que “están sometidas a un ajuste y vaciamiento permanente” y “las familias endeudadas”.
Con una breve intervención, el diputado de Encuentro Federal Miguel Pichetto tomó las palabras del miembro informante oficialista y contestó: “Esto es un juego del sector financiero, de los ‘traders’, donde las comisiones no están en la superficie, están ocultas y nos venden que no se cobran honorarios”. A su vez, cargó que este Gobierno nacional “ha aumentado la deuda externa, que ronda los 80 mil millones de dólares”.
En segunda instancia, fue crítico de la redacción de la iniciativa y aseveró que “esta ley carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley 24.156 (de Administración Financiera) y también el decreto del propio presidente de la Nación, que dice que no puede haber ninguna partida sin que se le asigne correspondientemente el gasto en el Presupuesto Nacional”.
Avanzado el debate, el oficialista Álvaro Martínez cargó contra la oposición: “Los primeros especuladores de deuda fueron los del kirchnerismo, que especularon no pagando y que la joda la paguen otros. 12 años tuvieron para poder solucionar esto”.
“Lo que estamos votando hoy es un acuerdo de una sentencia firme”, apuntó el mendocino y sostuvo que “los Estados tienen ante esta situación dos cosas que hacer: la primera es a la que nos tienen acostumbrados en el kirchnerismo, de no hacer nada; y lo segundo, es intentar de pagar lo menos posible y cumplir con la obligación”.
Tomó la palabra inmediatamente después de Martínez la formoseña de UP Graciela de la Rosa, quien devolvió: “Estamos frente, no solo a endeudadores seriales, sino a mentirosos seriales. Estamos frente a acuerdos transaccionales con dos sociedades constituidas en las Islas Caimán y en Bahamas. Son fondos buitre que se negaron a entrar en los canjes de 2005 y 2010”.
“En la crisis del 2001 no tuvo nada que ver el peronismo”, enfatizó la exauditora y precisó que “así como el gobierno de (Mauricio) Macri incrementó la deuda externa en más de 100 mil millones de dólares, este gobierno de (Javier) Milei ya lo hizo antes de terminar y ha endeudado en más de 100 mil millones de dólares nuevamente a todos los argentinos”. Además, señaló que la deuda con el FMI fue de “40 mil millones de dólares con Macri y 20 mil millones con Milei”.
Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, se refirió a los dichos del Diego Hartfield y cargó: “Decir que somos ‘defaulteadores’ es una barbaridad en términos políticos e históricos”. Antes había criticado al miembro informante por haber confeccionado un dictamen con nueve líneas: “Ni siquiera se esforzaron en argumentar el porqué del dictamen y ni siquiera son líneas de hoja A4”.
Acusó al extenista de Misiones de haber dicho “burradas”, y le advirtió que “van a usar los textuales de ustedes para litigar en contra del Estado Argentino”. Hartfield se había expresado a favor de las alianzas entre la República Argentina y los holdouts, y Martínez le respondió: “Los fondos buitres no son aliados un carajo”.
Para cerrar este debate, la diputada nacional Silvana Giudici de La Libertad Avanza sostuvo que “nadie puede tirar la primera piedra porque el conflicto con los holdouts es un problema que venimos teniendo desde los 70”. Luego, ironizó contra el kirchnerismo: “Estamos cumpliendo con una sentencia del juzgado de Estados Unidos, como esas a las que ustedes no les gusta cumplir”.
Destacó, al igual que Benegas Lynch y Hartfield, el Acuerdo de Conciliación con Attestor y Bainbridge, y agregó que “la condición de la entrega por pago no van a devolver acciones de clase B y D de YPF”. Además, sintetizó que “este Gobierno logra una quita del 30% en uno de los casos y 32% en el otro”.
Para culminar este tratamiento, Giudici afirmó que “este Acuerdo es beneficioso para la Argentina porque nos quitan deuda, nos devuelven acciones de YPF y ponemos blanco sobre negro para cerrar este pasado de la Argentina”. Por último, cargó que “Kicillof negoció la deuda con el Club de París y a él no le demandaban soberanía porque no renegoció un solo peso de quita y pagó U$S 9.000.000.000 sin pasar por el Congreso”.