Procesan al exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert por lavado de activos

La causa busca determinar el origen y el destino de los fondos transferidos y establecer si Espert tuvo participación en operaciones destinadas a introducir dinero de procedencia ilícita en el circuito legal. La investigación se centra en los movimientos financieros relacionados con Machado, quien quedó bajo la lupa judicial por sus presuntos vínculos con actividades criminales.

El procesamiento constituye un avance en el expediente, aunque no implica una condena ni determina por sí mismo la responsabilidad penal definitiva del exlegislador. La investigación deberá continuar para esclarecer las circunstancias de la transferencia y el grado de participación que pudo haber tenido cada uno de los involucrados.

Entre los cuestionamientos de la defensa figuraban la realización de testimonios sin notificación previa a sus abogados, la solicitud de informes patrimoniales y la incorporación de información de inteligencia y análisis de dispositivos electrónicos. Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones concluyeron que no se había demostrado un perjuicio concreto que justificara anular esas actuaciones.

La investigación intenta establecer si esos fondos tuvieron un origen ilícito y si fueron incorporados posteriormente al circuito económico y financiero para darles apariencia de legalidad. El procesamiento constituye un avance de la causa, pero no implica una condena: la decisión puede ser apelada ante la Cámara Federal de San Martín.

El origen del dinero es el eje de la investigación. La fiscalía sostiene que la transferencia estuvo relacionada con una empresa minera de Guatemala, Minas del Pueblo, vinculada a Machado, y cuestiona que el supuesto contrato de asesoramiento profesional invocado por Espert haya tenido una contraprestación real.

En su defensa, el exdiputado sostuvo que el pago correspondía a un trabajo de consultoría para esa compañía. En julio pasado, cuando amplió su declaración indagatoria ante Mirabelli, presentó un escrito de descargo con documentación y correos electrónicos que, según su versión, respaldarían la existencia de la contratación. También pidió su sobreseimiento.

La pesquisa busca determinar qué ocurrió con el dinero después de la transferencia y si fue utilizado para adquirir bienes o financiar gastos. Entre los movimientos patrimoniales bajo análisis figuran operaciones vinculadas con vehículos y un proyecto inmobiliario.

El vínculo con Machado, por su parte, es otro de los aspectos centrales del expediente. El empresario fue investigado en Estados Unidos por delitos financieros y vinculados al narcotráfico, y terminó extraditado a ese país.

Días atrás, la Cámara había rechazado los planteos de la defensa

El procesamiento llegó después de que la Sala II de la Cámara Federal de San Martín rechazara los cuestionamientos de Espert contra distintas medidas de prueba y confirmara que la investigación debía continuar.

En una resolución del 15 de octubre, los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones desestimaron los planteos de nulidad de la defensa, que había cuestionado, entre otras medidas, la toma de testimonios sin notificación previa, los pedidos de información patrimonial, la incorporación de informes de inteligencia reservados y el análisis forense de dispositivos electrónicos.

Los jueces consideraron que no se había acreditado una afectación concreta de las garantías constitucionales del exdiputado. En ese sentido, remarcaron que “la nulidad es una sanción legal que debe adoptarse restrictivamente”.

Sobre los testimonios cuestionados, la Cámara sostuvo que la defensa no había identificado con suficiente precisión las declaraciones que pretendía invalidar ni explicado de qué manera esas actuaciones le ocasionaban un perjuicio irreparable. Los magistrados señalaron, además, que los abogados podían solicitar que los testigos volvieran a declarar para ejercer el control de la prueba.

La defensa también había objetado los requerimientos de información bancaria, fiscal y financiera sobre Espert y su entorno. Sin embargo, el tribunal entendió que las medidas contaban con autorizaciones judiciales y que estaban relacionadas con el objeto de la investigación.

Otro de los cuestionamientos apuntó a informes de inteligencia clasificados como secretos. La Cámara indicó que esos documentos no aparecían citados ni invocados como prueba de cargo en los dictámenes posteriores de la fiscalía y concluyó que el perjuicio alegado no estaba respaldado por elementos concretos.

En paralelo, los camaristas rechazaron una queja vinculada con el intento de apartar al fiscal federal Fernando Domínguez, a quien la defensa había acusado de una supuesta pérdida de objetividad.

Una causa que sigue avanzando

Hasta ahora, la defensa había buscado tanto el sobreseimiento del exdiputado como la invalidez de distintas medidas incorporadas al expediente.

La Cámara ya había descartado los argumentos con los que se intentó frenar la pesquisa. Ahora, el juez consideró que existen elementos suficientes para dictar el procesamiento por presunto lavado de activos y dispuso medidas patrimoniales sobre el exlegislador, su contador y la sociedad familiar.

El caso tiene como punto de partida los u$s200.000 transferidos en enero de 2020, pero la investigación no se limita a reconstruir el recorrido de ese dinero: también procura establecer si existió una maniobra para introducir fondos de origen ilícito en el sistema financiero y patrimonial.

La decisión judicial podrá ser revisada por la Cámara Federal. Mientras tanto, Espert continuará sometido al proceso penal, con la prohibición de salir del país y el embargo dispuesto sobre sus bienes.