Otro fallo más del incompetente juez Bonadío
El bloque de Diputados y Diputadas Nacionales del FPV-PJ, que preside Héctor Recalde, afirma que la decisión del juez Bonadío genera un grave daño institucional que compete a todo el Poder Judicial y califica su fallo de “político” porque, sin haber encontrado ningún hecho sobre la existencia de ilícitos, procesó a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia, reafirmando una clara voluntad persecutoria que cuenta con el aval del gobierno nacional y es funcional al oficialismo como anticipo de la campaña electoral.
Vale recordar que Bonadío, en su afán por condenar a la ex presidenta, ordenó 40 allanamientos en los que se cubrieron las 13 propiedades de Los Sauces. En los procedimientos, el juez se encontró en todas las propiedades con sus respectivos inquilinos, por lo que es una falacia haber argumento que los alquileres eran ficticios. Además, el juez no encontró ninguna irregularidad en la pericia contable y tampoco halló cuenta alguna en el exterior ni sociedades off shore que puedan sospechar la comisión de ilícitos.
La conclusión es evidente: si los alquileres eran reales y los precios de mercado y todos los pagos bancarizados, entonces no entendemos cómo el juez llega a la conclusión de la existencia de coimas o transferencias oscuras. Sólo en su intención más profunda de procesar a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos, explica el vergonzoso fallo que demuestra, una vez más, su falta de idoneidad para estar al frente de un juzgado federal.
Los alquileres pactados eran acordes a valores de mercado y los pagos no eran en efectivo sino que los movimientos de dinero fueron a través de cheques y depósitos bancarios. Por lo tanto, no hubo movimientos de dinero en negro ni los llamados retornos por supuestos favoritismos en la adjudicación de obras públicas.
Bonadío inventó esta causa tipificándola de lavado de dinero y de la inconstitucional figura de “asociación ilícita” sólo para complacer a sus socios mediáticos y políticos que necesitan de sus fallos para dañar la imagen de la ex presidenta, justo cuando las encuestas la están posicionando primera en intención de voto en la provincia de Buenos Aires. O tal vez, precisamente por eso profundiza su acoso judicial.