Macri firma un nuevo régimen de "Alta Dirección Pública" (ADP) a 14 días de dejar el gobierno
La medida implica una carrera específica para los cargos jerárquicos, con un aumento que llega al 50%, un sistema de indemnización por despidos y flexibilidad en el ingreso, entre otras cosas, pero fundamentalmente blanquea los funcionarios designados en los últimos meses
El nuevo régimen contempla aumentos de sueldos exorbitantes de más del 50%, establece indemnizaciones y modifica el sistema de empleo público. A modo de ejemplo un Director Nacional percibe hoy $ 110.000.-, con la nueva carrera pasaría a cobrar $ 180.000.-.
El gobierno, mediante el área de Modernización, y el gremio de UPCN firmaron un acta paritaria donde se habilita a una carrera paralela a la carrera de la administración pública común.
De esta manera los funcionarios del actual gobierno se evitarán tener que hacer la carrera administrativa del estado para poder ocupar cargos de directores generales, nacionales o simples.
Dentro de las ventajas con las que van a contar es una reducción en la experiencia previa para presentarse al concurso junto con menores exigencias en cuanto a la idoneidad requerida. A cambio de la menor exigencia contarán con un complemento salarial en unidades retributivas que triplica al actual percibido por los cargos con función ejecutiva.
El jueves 6 de junio una modificación al Convenio Colectivo de Trabajo General de la APN (241/06), que crea un escalafón de privilegio para funcionarios de Alta Dirección Pública (ADP) y modifica el Convenio Sectorial SINEP, quebrando la carrera administrativa sectorial de las trabajadoras y trabajadores estatales de la Administración Pública Nacional.
Las principales modificaciones que establece esta alevosa e intempestiva modificación del CCT 214/06, todas a favor de los mandos de "Alta Dirección Pública" (ADP), son las siguientes:
Creación de un régimen distinguido para la ADP que establece una Carrera Paralela con una exclusiva escala remunerativa, un propio sistema de concursos, de evaluación de desempeño y un propio régimen de capacitaciones, en todos los casos más laxo, permisivo y discrecional.
Eliminación de las "funciones ejecutivas" contempladas en el SINEP, poniendo como techo de la Carrera Administrativa de las trabajadoras y trabajadores del Estado a las funciones de jefatura, de las que se elimina además la categoría de "Supervisor".
Flexibilización de los requisitos de ingreso y experiencia laboral acreditable para el acceso a la ADP (disminuye los periodos de antigüedad o experiencia y reduce o anula los requisitos de especialización o acreditación académica).
Incremento exponencial de las cantidades de Unidades Retributivas (UR) que componen los distintos niveles de posición en la ADP, en comparación con las contempladas en la "Función Ejecutiva" del SINEP, y con un valor de UR propio para la "alta dirección".
Diversas innovaciones de procedimiento en los mecanismos de selección para el ingreso a la ADP que favorecen la discrecionalidad en la resolución de los Comités de Selección.
Sistema de evaluación de desempeño con criterios más laxos que los del resto del personal.
Posibilidad de Designación Transitoria de personal de la ADP sin plazo de vencimiento, los que pueden ingresar a la Administración Pública directamente con Grado 2, dentro del Nivel que corresponda a su perfil.
A 6 meses de la finalización del mandato presidencial estipulado por la Constitución Nacional, crea un marco convenial a medida de sus cuadros político-técnicos para blindarse en sus cargos, a los que en casi todos los casos accedieron "por excepción" al no cumplir los requisitos mínimos exigidos por el SINEP.
Las mismas Altísimas Autoridades que trataron de "ñoquis" y "vagos" con el relato grandilocuente de la "modernización del Estado", diseñan ahora las condiciones normativas para nombrar personal menos profesional que el que requerían las normas anteriores.Esta medida que beneficia exclusivamente a los altos mandos de dirección, carece de legitimidad política y de gestión, y sólo es posible con la complicidad de quienes, con su firma complaciente, vienen convalidando vergonzosas paritarias a la baja en las que las y los estatales perdemos derechos y resignamos poder adquisitivo y condiciones laborales.
La argumentación pone de manifiesto que el acta acuerdo no hace más que consolidar una situación de extrema injusticia con el resto de los trabajadores del estado quienes para alcanzar la planta permanente tienen que someterse a extensos concursos donde se les pide demostrar lo que vienen haciendo día a día durantes años y que ya por esto debería ser un derecho adquirido.