El gobierno "debería haber hecho consultas" antes de enviar el proyecto sobre jubilaciones
La ex jueza María Laura Garrigós consideró hoy que el proyecto del Ejecutivo para modificar las jubilaciones de privilegio "estuvo mal planteado" y que el gobierno "debería haber hecho consultas" de antemano, pero aseguró que "todo el mundo está de acuerdo" con que "deben hacerse modificaciones" porque el sistema previsional "no logra autofinanciarse".
En diálogo con Télam, la integrante de la agrupación Justicia Legítima advirtió que los magistrados tienen "dudas" sobre el porcentaje de movilidad que van a obtener las jubilaciones futuras y alertó que "tampoco está claro" si los nuevos aportes solucionarán el "déficit del Anses".
La iniciativa oficial propuso un aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los 65 años, dado que actualmente rige a partir de los 60, e incrementar los aportes del 12 al 19 por ciento; también establece que se incrementen los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio (no incluye a los prosecretarios administrativos), entre otras cuestiones.
"Todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer un aporte y en que hay que aumentar la edad (jubilatoria), incluso aumentar los 7 puntos de aportes porque el sistema previsional no se autofinancia, pero el problema no está en eso, sino en que la oferta de jubilación es incierta, con un porcentaje móvil que se determinará más adelante", relató Garrigós.
La magistrada puso en duda además el nivel de ahorro que podría significar para el Estado, dado que involucra a un universo bajo de beneficiarios.
"Elevar el porcentaje de aportes tal vez sirva para que el sistema quede más balanceado, pero tampoco va a resolver todo el problema de la Anses", entendió la ex jueza y aventuró que quizá, "para evitar incertidumbres, algunos se van a jubilar" antes de que empiecen a tener vigencia los cambios.
Garrigós alertó que, si hay un adelanto importante de jubilaciones, habrá muchas vacancias en juzgados, que después "le puede llevar varios años" al Consejo de la Magistratura cubrir esos lugares.
En la actualidad, estos regímenes especiales alcanzan a unas 8.000 personas que perciben haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes, es decir hasta 17 veces más que la jubilación mínima, que es de 14.067 pesos.
Además, en el proyecto se señala que la jubilación más alta pagada a un judicial es de 770.100 pesos, lo que representa 55 veces el haber mínimo.
"La incertidumbre de cuánto te va a tocar de jubilación atenta contra el espíritu de los judiciales, que sienten contenidos así, pero perder la jubilación de 40 años de aportes y pensar que se va a reducir a la mitad va a hacer que muchos se jubilen antes", subrayó Garrigós.
Apuntó que "vaciar el Poder Judicial o pagar muy mal a los jueces no beneficia al Estado porque de esa forma la mayoría elegiría mantenerse en el ámbito privado o en el empresario".
En sus fundamentos, el proyecto explica que la reforma es parte de un conjunto de iniciativas que buscan “reducir las inequidades existentes", en buena parte originadas por "regímenes especiales cuyas reglas de acceso y determinación de los beneficios han consolidado verdaderos sectores de privilegio dentro del régimen público de reparto sobre el que impactan”.