Intervenir Vicentin es defender a los productores
La intervención decretada por el Presidente al Grupo Vicentín es una medida tomada en defensa de los miles de productores que le entregaron su producción y no cobraron, de los cientos de proveedores de bienes y servicios estafados, que se convirtieron de Pymes en financiadores involuntarios de las maniobras de ese Grupo económico, y de los miles de trabajadores que hoy veían en riesgo sus empleos ante la incapacidad manifiesta de la empresa de atender sus compromisos, habiendo presentado un concurso de acreedores con un pasivo vencido superior a los 1.600 millones de dólares.
Esta decisión, que será completada con el envío de un proyecto de ley al Congreso, merece todo nuestro respaldo porque es adoptada para proteger de increíbles maniobras especulativas, a un entramado socioeconómico y de pequeñas empresas de productores y proveedores, que involucra a miles de familias de la región agropecuaria central de nuestro país, y para evitar que una empresa en concurso, de esta envergadura, sea comprada con poco esfuerzo por algún grupo gigante de capital foráneo, desnacionalizando aún más las decisiones en esta estratégica área de la economía.
La Justicia deberá investigar las responsabilidades, pero es en principio insólito que, en este país, que hasta hace seis meses tuvo un gobierno que privilegió permanentemente con sus políticas al sector agroexportador permitiéndoles millonarias ganancias, una de sus empresas líderes, a seis días del cambio de Gobierno, declare su cesación de pagos.
El sector agroexportador concentrado especula, desde hace tiempo, en contra de la propia economía nacional.
Acumula sus granos en silo bolsas y no los exporta, apostando permanentemente a fuertes devaluaciones, para, de esta forma, obtener ganancias extraordinarias, a costa de la redistribución regresiva que implica cada golpe inflacionario en los bolsillos de las familias argentinas.
Esta conducta, aunque legal, es claramente extorsiva, y no puede ser premiada con multimillonarios créditos como lo hizo la banca pública durante el gobierno macrista, sin mediar siquiera una evaluación seria del deudor, al que, siendo ya moroso, continuaron dándole créditos que no iba a pagar.
Es así, que el Banco Nación es el principal acreedor de Vicentín por 350 millones de dólares, 100 de los cuales, se le otorgó sugestivamente en noviembre del año pasado, liderando una lista que también integran el Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco Ciudad, el Bice y el Banco de Santa Fé, además de la AFIP.
Pero, además, Vicentín, junto a sus filiales de Paraguay y Uruguay, triangulaba sus exportaciones para subfacturarlas, pagar menos retenciones y fugar divisas a otras filiales en guaridas fiscales.
La intervención de Vicentín determinará que el Gobierno Nacional, tenga un importante jugador dentro de este sector económico tan importante para el país, que le permitirá dar señales y marcar rumbos.
Los intereses afectados son muy poderosos. Se trata del sector agroexportador más concentrado, que, ante la posibilidad que se haga público, ve peligrar el oscuro modus operandi que viene desarrollando en materia cambiaria, financiera, aduanera y tributaria, y que le da multimillonarias ganancias. Y, por lo tanto, junto a la derecha más reaccionaria y antipopular y sus medios de comunicación, van a defender a cualquier precio sus privilegios, golpeando al Gobierno, disfrazando esta medida de ideológica, y tratando de estigmatizar la decisión como un ataque a la libertad de empresa, intentando instalar el falso debate privatismo versus estatismo o autoritarismo versus libertad, que nada tiene que ver en este caso, y sólo pretende agitar inexistentes fantasmas.