La ONG por la Igualdad y la Justicia advirtió sobre el impacto "segregador y discriminatorio" del fallo del Tribunal Supremo sobre las vacantes
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió hoy sobre el impacto "segregador y discriminatorio" que podría ocasionar el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, que consideró que el Gobierno porteño no está obligado a garantizar vacantes en las salas de 2 y 3 años de los establecimientos educativos de gestión pública.
La sentencia de la máxima instancia judicial porteña "podría dar lugar a que se mantenga en el tiempo un sistema segregado y discriminatorio en el que niñas y niños accederían a la escolarización en instituciones de gestión pública o privada según los recursos de sus familias", señaló la ACIJ a través de un comunicado.
Conforme a esa ONG, la decisión del TSJ es "particularmente preocupante" en el actual contexto de pandemia. "Luego de un año en el que se profundizó la desigualdad educativa, poner en cuestionamiento la posibilidad de acceder a la educación desde una temprana edad y sin discriminación implica poner en riesgo los derechos de miles de niñas y niños de la Ciudad", advirtió.
El TSJ falló que la administración porteña -encabezada por Horacio Rodríguez Larreta- no está obligada a garantizar vacantes en las salas de 2 y 3 años de los establecimientos educativos de gestión pública y que las disponibles deben asignarse con prioridad a las familias en condiciones vulnerables.
La ACIJ cuestionó esa sentencia, al considerar que la decisión judicial "es absolutamente regresiva respecto de los compromisos asumidos" por el gobierno de Rodríguez Larreta e "ignora el principio de progresividad de sus políticas públicas en materia de educación".
Según el organismo, durante el segundo mandato de Mauricio Macri como alcalde porteño y en el marco de un acuerdo con la propia ACIJ, la Ciudad había reconocido "la falta de vacantes" en las escuelas públicas y se había comprometido a "garantizar el acceso a la educación inicial desde los 45 días y hasta los 5 años, a través de un plan de obras sostenido y financiado en el tiempo".
"Sin embargo -indicó la ACIJ-, esta situación empeoró debido a que en 2019 se le negó el derecho de acceder a la educación inicial a 9.120 niñas y niños, lo que implicó un agravamiento del déficit de prácticamente 3.500 vacantes en comparación a 2011, año en el cual eran 5.629 niñas y niños quienes encontraron vulnerado su derecho a la educación".
En tanto, ayer, desde su cuenta de Twitter, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, había calificado de "inaudito" el fallo del TSJ. "En vez de interpelar al Gobierno de la Ciudad en la priorización de la inversión educativa, tomó una posición en contra de la defensa de la educación de los niños y niñas", cuestionó el funcionario.