La Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley, enviado por el Gobierno, que ratifica el Consenso Fiscal 2021

El Senado respaldó esta tarde el Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que otorga 70 mil millones de pesos a las provincias para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.
El entendimiento, que los senadores aprobaron por 49 votos a favor y 15 negativos, fue firmado el 4 de diciembre último en un acto que se realizó en la Casa Rosada.
A la hora de la votación, Juntos por el Cambio se dividió: al oficialismo lo acompañaron el fueguino Pablo Blanco; el correntino Pedro Braillard Poccard; los mendocinos Julio Cobos y Pamela Verasay; los jujeños Mario Fiad y Silvia Giacoppo; el riojano Julio Martínez y la entrerriana Stella Maris Olalla.
En tanto, por el interbloque Parlamentario Federal, la riojana Clara Vega fue la única que votó a favor. También acompañaron al Frente de Todos los aliados Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).
El acuerdo fue suscripto el 4 de diciembre pasado por el presidente Alberto Fernández y 21 de los 24 gobernadores. Tanto Sergio Ziliotto (La Pampa) como Alberto Rodríguez Saá (San Luis) no firmaron el documento, dado que no lo habían hecho en el Consenso Fiscal de 2017, pero sí expresaron esta vez su apoyo. La otra excepción fue la del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
A través del nuevo pacto, se suspenderán hasta el 31 de diciembre las exenciones y reducciones impositivas que habían sido pactadas en 2017, debido a la pandemia del Covid-19 y la necesidad de mayor recaudación.
A su vez, se le permitirá a las provincias tomar deuda en pesos y se limitará el endeudamiento en dólares. Asimismo, se suspenderán por un año las demandas judiciales contra el Estado Nacional, uno de los motivos por los cuales Rodríguez Larreta, que presentó una demanda ante la Corte Suprema por el recorte en la Coparticipación a partir de la ratificación del convenio de traspaso de la Policía Federal, se negó a firmarlo.
En ese sentido, también se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias ya no será a través de la Coparticipación, sino de partidas presupuestarias.
Abrió el debate el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés Carlos Caserio, quien destacó que “el esfuerzo del Gobierno nacional para sostener los ingresos de las provincias fue enorme”.
Al recordar los acuerdos que se firmaron entre Nación y las jurisdicciones durante el gobierno de Mauricio Macri, el oficialista señaló que “lamentablemente la realidad política y económica demostró que estos consensos no pudieron dar resultado, y para 2019 el país había cambiado abruptamente”.
El legislador, que dio una explicación detallada de lo que prevé el nuevo acuerdo, defendió que la gestión de Alberto Fernández “se tuvo que hacer cargo de que la realidad económica que se venía manifestando no tenía ningún fundamento”. En este contexto, a fines de 2019 las provincias solicitaron suspender las medidas acordadas en años anteriores, sobre todo la rebaja de Ingresos Brutos.
Luego, el puntano Claudio Poggi adelantó su rechazo al expresar que “no podemos habilitar a través de un Consenso Fiscal la posibilidad de que se sigan aumentando los impuestos en la Argentina”. En ese sentido, consideró que si los Estados necesitan más recursos, “ya no se puede echar más mano al bolsillo de la gente; en todo caso cada Estado, y en todos sus poderes, deberán ser más austeros en el gasto público”.
“Austeridad, no ajuste. Austeridad, es muy distinto. Como la austeridad que están haciendo cada una de las familias en el medio de la crisis”, reseñó el senador aliado de Juntos por el Cambio.
Poggi agregó que tampoco estaba de acuerdo con que se suspendan los procesos judiciales contra el Estado nacional, recordando que en su provincia hubo una consulta popular en la que se votó mayoritariamente iniciar las demandas judiciales que están en curso. “Hoy hay 12 juicios en trámite”, detalló.
También en contra del proyecto, la macrista Guadalupe Tagliaferri dijo que “estamos completamente convencidos de la necesidad de un Consenso Fiscal”, pero resaltó que el mismo debe ser “en términos de acuerdos” y de “una responsabilidad en el manejo de los fondos de las provincias”.
Para la porteña, hay que “consensuar el sistema tributario argentino, tener entre todos una hoja de ruta que guíen las políticas económicas”, sin embargo comparó que este documento se diferencia del firmado en 2017, bajo la gestión de Mauricio Macri, “que sí vino a resolver problemas históricos, les venía a dar dinero (a las provincias), a ser más justo”.
La senadora recordó que el año pasado “a la Ciudad le sacaron de un día para el otro un punto de coparticipación para dárselo a la provincia de Buenos Aires y otro punto para que vuelva al Gobierno nacional”. Tagliaferri enfatizó que esa medida fue para que la Ciudad “se arrodille a pedir que nos den la plata”.
Entonces, justificó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, haya ido a la Corte Suprema y no haya adherido a este Consenso Fiscal, porque “no estamos dispuestos a renunciar a nuestra autonomía” y este acuerdo “nos ata de pies y manos y nos vuelve a someter al Gobierno nacional”.
En tanto, su par Martín Lousteau coincidió que votaba en contra porque el Consenso Fiscal prevé que “no se pueden hacer reclamos” ante la Justicia contra el Estado Nacional, y otro aspecto tal como que “la plata de las transferencias (de servicios, competencias y funciones) la va a tener el Tesoro Nacional”. “Eso es pisotear el federalismo, es apropiarse del Estado de otro para someterlo”, observó el radical.
Por su parte, el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, opinó que el Consenso Fiscal 2021 es “un nuevo parche a nuestro maltrecho sistema impositivo” y tiene “el sentido contrario” al acuerdo firmado originalmente en 2017, por lo que lo calificó como “un grave retroceso”.
El macrista defendió que el pacto firmado bajo el gobierno de Cambiemos tenía como fin “ir a un sistema más progresivo” eliminando “impuestos altamente distorsivos”, mientras que este nuevo acuerdo “es un claro hostigamiento a la Ciudad de Buenos Aires.