San Luis: Rodríguez Saá quiere proscribir a Poggi aseguró su defensor el abogado Pablo Lanusse
El ex fiscal federal Pablo Lanusse sostuvo que no entiende la acusación realizada por el gobierno de San Luis contra el diputado nacional Claudio Poggi por estafas reiteradas y abuso de autoridad cuando fue gobernador entre 2011 y 2015, y aseveró que "no hay absolutamente nada que merezca ser investigado y lo que quiere Alberto Rodríguez Saá es proscribirlo para las próximas elecciones".
Lanusse asumió como defensor del legislador nacional puntano, y aseveró que "es evidente que detrás de esto hay una persecución política hacia Poggi por parte de Alberto Rodríguez Saá, porque no hay razonabilidad jurídica para discutir nada, y cuando eso pasa, se pretende usar a la justicia con fines bastardos como la persecución con miras a la proscripción, que son señales de alerta para toda la sociedad".
En diálogo con Télam calificó a las denuncias contra el ex gobernador y actual legislador nacional Poggi como "una aventura procesal absurda" y añadió que " se está dañando la plenitud de la democracia puntana, ya que las diferencia políticas deben dirimirse en las urnas y no persiguiendo y proscribiendo".
Enfatizó que "la fiscalía de Estado y el gobernador Alberto Rodríguez Saá seguramente advertirán que se han equivocado y abortarán esta aventura procesal encausando las disputas políticas por la vía democrática de las urnas, que es el único camino válido".
Aseguró que de la lectura del expediente de la causa surge que el diputado nacional Poggi no cometió ninguna anormalidad, ningún perjuicio y ningún fraude contra la provincia cuando fue gobernador durante 4 años hasta el 10 de diciembre del año pasado.
El actual gobierno de San Luis que encabeza Alberto Rodríguez Saá denunció el mes de setiembre pasado a Poggi acusándolo de incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa contra el estado y defraudación, radicando la acusación en el Juzgado del Crimen 2 de San Luis.
Las imputaciones están relacionadas por haberle pagado supuestamente a escribanos particulares por los trámites de escrituración de viviendas sociales, cuando esos trámites debe realizarlo la Escribanía Pública de la provincia, como así también se lo acusa de haber construido viviendas usurpando terrenos privados.