Bajar la edad no baja el delito: Más educación, más oportunidades, más esperanza.
El motivo de esta carta es hacerles llegar nuestra reflexión en continuidad a lo planteado en el documento “Más oportunidades que penas”, publicado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social el 25 de marzo de 20251 , teniendo presente a su vez el resultado de la votación del dictamen sobre la Ley de la edad de Imputabilidad.
Hacemos nuestro aporte con espíritu constructivo, a partir de la experiencia de campo de referentes y profesionales territoriales que, como Iglesia, desarrollamos en el trabajo cotidiano con adolescentes y jóvenes: en parroquias, escuelas primarias y secundarias, centros barriales, Hogares de Cristo, clubes parroquiales, grupos y movimientos infantiles, juveniles y comunitarios, así como en el vínculo permanente con las familias y los adultos que participan de estos espacios.
Nos sumamos al conjunto de voces de instituciones y organizaciones de reconocido prestigio que, desde enfoques sociológicos, jurídicos y de la salud, contribuyen de manera rigurosa a esta reflexión. Algunas de ellas son: UNICEF, Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADEPRA), La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), El Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), Defensoría General de la Nación, Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes Internacional (DNI), Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia Argentina2.
A decir verdad, tanto nosotros como muchas de las instituciones mencionadas hemos sido “escuchados”; sin embargo, no vemos reflejados nuestros aportes —ni los de dichas instituciones—en el contenido del proyecto de ley.
Del mismo modo, hemos acompañado a numerosas personas víctimas de delitos, especialmente en los barrios populares. Muchas veces también nosotros hemos padecido estas situaciones. Por eso creemos que es urgente actuar: para reparar tanto dolor, para prevenir nuevas violencias, disminuir el nivel de conflicto social, pacificar nuestros barrios, y acompañar a tantas víctimas que, con frecuencia, quedan solas y sin a quién recurrir.
Como la mayoría de los argentinos, estamos convencidos de que es necesario avanzar en una reforma del Régimen Penal Juvenil. Reconocemos que existe un vacío legal que perjudica a muchos niños y adolescentes. En particular por la falta de adecuación de nuestra normativa a los compromisos internacionales asumidos, la necesidad de prever disposiciones que no sean regresivas y la ausencia de dar respuestas eficaces al problema social que se presenta.
Sin embargo, preocupa especialmente que este debate se esté dando en un clima político en el que predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático. Esto impide una deliberación seria sobre los problemas estructurales que afectan a los niños y adolescentes, especialmente en los sectores más vulnerables.
El delito existe, y no es una opción no hacer nada. Pero creemos que es un error abordarlo desde propuestas simplificadoras que sólo sirven para validar posiciones políticas ya tomadas. En lugar de promover un debate abierto, plural y democrático que permita construir una reforma sostenible y justa del régimen penal juvenil, observamos con preocupación el intento de imponer una respuesta apresurada, sin sustento técnico, sin diálogo genuino y sin condiciones institucionales reales para su implementación.
Es por ello que esta carta no se dirige únicamente al Congreso: busca también interpelar a la sociedad en su conjunto. Porque lo que está en juego no es solo una ley, sino la concepción misma de persona y el modelo de sociedad que queremos construir.
Carta abierta dirigida a legisladores nacionales sobre el Proyecto del Nuevo Régimen Penal Juvenil
Conferencia Episcopal Argentina