La Justicia Federal de Río Gallegos suspendió la aplicación la reforma de la ley de Glaciares
Un fallo de alto impacto volvió a tensionar la agenda ambiental y productiva en la Argentina. Horas después de que entrara en vigencia la adecuación de la ley de Glaciares con su publicación en el Boletín Oficial, la Justicia Federal de Río Gallegos ordenó suspender la aplicación de la reforma de la Ley 26.639 en la provincia de Santa Cruz y dispuso un freno inmediato a cualquier intento de habilitar actividades en zonas glaciares y periglaciares, en una decisión que ya anticipa apelaciones y un recorrido judicial que podría escalar a instancias superiores.
La medida fue dictada por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez, quien hizo lugar a una acción de amparo ambiental y resolvió una medida cautelar con efectos inmediatos. En su fallo, el magistrado dispuso la “suspensión de los efectos de la reforma de la Ley 26.639 en el ámbito de la provincia de Santa Cruz”, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.
El núcleo de la resolución establece que el Estado Nacional deberá “abstenerse de autorizar y/o ejecutar actividades que puedan afectar glaciares y el ambiente periglacial”, lo que en los hechos implica congelar cualquier avance administrativo o productivo que pudiera encuadrarse dentro de la normativa cuestionada.
Dirigentes políticos de El Calafate pidieron suspender la adecuación a la ley de Glaciares, aunque los expertos remarcaron en audiencias públicas que ningún glaciar como el Perito Moreno se verán afectados por la nueva normativa.
El amparo fue una demanda colectiva promovida por el Concejo Deliberante de El Calafate, representado por su presidenta Celia Barría; la Municipalidad de El Calafate, representada por su intendente Javier Belloni; el diputado provincial Carlos Alegría; y la diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni, todos con el patrocinio letrado de los abogados Juan Manuel Solari y Martín Fernández Swirkowicz.
En su escrito, los dirigentes peronistas reclamaron que se declare la inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta de la reforma de la Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial aprobada por el Congreso, pero hasta que la cuestión de fondo se resuelva, solicitaron una medida cautelar de no innovar tendiente a suspender sus efectos hasta el dictado de sentencia definitiva.