El Gobierno bonaerense otorga un subsidio para buscar restos de desaparecidos en los cementerios municipales
El Equipo Argentino de Antropología Forense llevará adelante en los cementerios municipales de Mar del Plata acciones enmarcadas en el “Proyecto Integral de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas por el Terrorismo de Estado en la Provincia de Buenos Aires”.
La decisión se dio a conocer este jueves mediante un decreto del gobernador Axel Kicillof, que aprobó un convenio celebrado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la entidad el 22 de abril que tiene por objetivo el otorgamiento de un subsidio por $ 43 millones para el desarrollo del proyecto.
De acuerdo a los fundamentos del decreto, el propósito es “trabajar en los cementerios municipales de Mar del Plata y Magdalena, donde es posible encontrar restos de personas detenidas-desaparecidas”.
El Equipo Argentino de Antropología Forense aplica metodologías y técnicas de diferentes ramas de las ciencias forenses para la investigación, búsqueda, recuperación, determinación de causas de muerte, identificación y restitución de personas desaparecidas, y trabaja con víctimas de desapariciones forzadas, violencia étnica, política, institucional, de género y religiosa; narcotráfico, trata de personas, crimen organizado, procesos migratorios, guerras y conflictos armados, accidentes y catástrofes, entre otras.
“Su labor se sustenta en los principios de los Derechos Humanos, del derecho humanitario internacional y, fundamentalmente, en el respeto por el derecho individual y colectivo a la identidad, la verdad y la justicia”, destacó el gobierno bonaerense.
A lo largo de su extensa trayectoria de más de cuatro décadas realizó “una labor indispensable no solo para identificar a personas víctimas de desaparición forzada, sino para contribuir de manera fundamental a la consolidación de una cultura de los derechos humanos y a las políticas de memoria, verdad y justicia, reparación y garantías de no repetición como pilares para el fortalecimiento del estado de derecho en nuestro país, en la región y en el mundo”, apuntó.
También recordó que “el trabajo de esta institución fue imprescindible para acreditar extremos probatorios en causas por crímenes de lesa humanidad que resultaron emblemáticas”, y permitieron “conocer, revelar y probar las características de los dispositivos desplegados por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar que asoló al país”.