Nuevo paro en las Universidades por el cumplimiento de la ley de Financiamiento
Las universidades volverán a tener un paro de actividades en reclamo al cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, que continúa sin ser aplicado por el Gobierno a la espera de un fallo judicial. La implementación incluye salarios a trabajadores, fondos para becas, inversión en infraestructura y presupuesto para gastos de funcionamiento.
La medida de fuerza fue anunciada por el CONADU, que nuclea a los gremios de las distintas universidades nacionales, y se extenderá desde el 16 al 20 de junio. En simultáneo se organizarán clases públicas en distintos puntos del país para el 9 de junio, que incluirán actividades frente a Tribunales en Buenos Aires -en donde funciona la Corte Suprema de Justicia. Otras iniciativas tendrán lugar en Rosario y en la ciudad de Buenos Aires el 11 y el 16 de junio, según informó el sindicato.
"Cuando haya una oferta formal esta será llevada a consulta para que decida el conjunto de la docencia de las universidades nacionales, por lo que el Plenario se declaró en estado de alerta y sesión permanente", plantea el comunicado del CONADU, que remite a la oferta de parte de la Secretaría de Educación al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En simultáneo, el gremio realizó una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno por "la falta de respuesta al reclamo de convocatoria a la negociación paritaria".
Esta semana, se reunieron Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, con las dos principales autoridades del CIN, Franco Bartolacci (rector de la UNR) y Anselmo Torres (UNRN). Allí se acercó una oferta salarial intermedia a lo que establece la ley, que establece una recuperación salarial de 45,6% en términos reales, por la inflación sufrida desde diciembre del 2023. En ese marco, la propuesta del Gobierno estaría en torno a una recomposición salarial del 21,33% para el salario de junio más un 3% en octubre, junto con una suba del 20% para los gastos de funcionamiento y partidas extras para becas y hospitales universitarios.
En contraposición, Casa Rosada solicita a las universidades que retiren el litigio que se encuentra en la Corte Suprema, aspecto que las autoridades académicas rechazan.