Santa Cruz: Crece el conflicto policial por salarios en la provincia

Como viene informando El Diario Nuevo Día,  la deliberación, que busca destrabar un severo conflicto salarial, se reactivará en la Escuela de Policía "Comisario Inspector Eduardo V. Taret" de Río Gallegos, luego de una última jornada marcada por cruces políticos, advertencias de la Nación y un preocupante diagnóstico sobre el estado de las comisarías y cárceles santacruceñas.

Radiografía de los presentes en la Mesa de Negociación

El encuentro estuvo encabezado por los representantes del Gobierno Provincial; por el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), institución cuyos haberes van atados al acuerdo que se alcance en este Consejo; representación del personal activo y retirado; los policías autoconvocados, con la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria (M.U.P.P.).

Pero el dato importante es que, según el acta,  la reunión realizada ayer, contó con  la intervención vía Zoom de la Dra. Mara Mentoro, Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la Secretaría de Trabajo de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

La postura de la Nación: intimación y advertencia de denuncias

La funcionaria nacional, Mara Mentoro, fijó una postura tajante frente al conflicto. Manifestó  que "la única forma de garantizar la seguridad es con la totalidad del personal desempeñando sus funciones", argumentando que la mera cobertura de emergencias y guardias mínimas resulta insuficiente para proteger a la ciudadanía.

Mentoro solicitó formalmente el levantamiento inmediato del "quite de colaboración" sin que esto implique deponer el reclamo salarial o cerrar la mesa de diálogo. Asimismo, lanzó una advertencia: de no normalizarse la prestación total del servicio, el Estado Nacional procederá a efectuar las denuncias correspondientes para procurar su cumplimiento legal, exigiendo además un informe urgente con el resultado de dichas acciones.

El debate económico: entre el valor punto y las sumas en negro

El nudo de la discusión radica en la disparidad entre las pretensiones de los uniformados y las posibilidades fiscales que aduce el Poder Ejecutivo:

• La postura de la Asociación Civil Policial: sus referentes aclararon explícitamente que no participan de las medidas de fuerza físicas, pero respaldan plenamente la recomposición. Rechazaron las propuestas oficiales y ratificaron su pretensión inicial de fijar el valor punto en 4.400, lo que llevaría el salario de un agente ingresante a $2.200.000. Subrayaron que, a pesar de haber escuchado once propuestas del Gobierno, mantienen el reclamo apostando al diálogo pacífico.

• La postura de la M.U.P.P. (Activos y Pasivos): recordaron que su exigencia inicial histórica fue de 7.800 para el valor punto, y que esperaban un mayor acercamiento del Ejecutivo para destrabar el conflicto. Cuestionaron  que las ofertas del Gobierno provincial incorporan sumas no remunerativas ("en negro"), un mecanismo que, denunciaron, "reduce la escala piramidal", achatando el escalafón al equiparar salarialmente a un agente raso con un sargento.

 Solo el 10% del personal está activo

El testimonio más alarmante de la jornada lo brindó el propio Jefe de la Policía, Comisario General Diego Martín Agüero. Si bien reconoció la legitimidad del reclamo por los sueldos, describió un panorama crítico para el orden público: el acatamiento a la medida de fuerza es sumamente elevado y solo se encuentra trabajando aproximadamente el 10% de la fuerza en todo Santa Cruz, lo que representa apenas unos 600 efectivos para cubrir todo el territorio provincial.

Agüero enfatizó que este número es "insuficiente" dadas las enormes distancias geográficas y las adversas condiciones climáticas de la región. El jefe policial detalló las consecuencias inmediatas de la protesta:

• Incumplimiento generalizado de oficios judiciales y otras medidas de carácter urgente.

• El grave motín en la Alcaidía de Pico Truncado, que demandó la intervención de urgencia de Bomberos e Infantería para evitar una tragedia mayor.

• Riesgo administrativo para los activos: Advirtió que las guardias mínimas están sometidas a niveles de estrés y desborde que, a la larga, podrían derivar en sumarios o actuaciones administrativas perjudiciales para los propios policías que sí están prestando servicios. Por todo esto, solicitó formalmente deponer las medidas de fuerza.

El Servicio Penitenciario, al límite

En sintonía con Agüero, la Inspectora General Aracelli Arias expuso la fragilidad del Servicio Penitenciario Provincial, recordando que ellos trabajan de forma directa con personas privadas de su libertad y que el servicio actual "no se encuentra plenamente garantizado".

Arias puso como ejemplo la delicada situación de la unidad carcelaria de Pico Truncado -la de mayor capacidad de la provincia-, la cual alberga a unos 100 internos y quedó custodiada por apenas tres grupos de cuatro efectivos cada uno, un cuadro que se tornó insostenible tras el motín. La funcionaria reveló que debieron trasladar de urgencia a personal administrativo hacia esa localidad para reforzar la seguridad, comitiva que lamentablemente sufrió un accidente vial durante el viaje. "Recibimos intimaciones constantes de los juzgados", recriminó Arias al solicitar a los voceros gremiales que transmitan la gravedad de la situación a las bases.

El factor político y la respuesta oficial

El Secretario de Trabajo, Javier Aravena, defendió la gestión de la administración provincial señalando que las once propuestas rechazadas hasta el momento "responden a los recursos y posibilidades financieras con que actualmente cuenta la Provincia de Santa Cruz" y que configuran el máximo esfuerzo posible dentro del contexto macroeconómico nacional. No obstante, Aravena sembró la polémica al afirmar que la cuestión salarial "se encuentra siendo politizada", un factor que a su criterio entorpece las negociaciones.

Esta acusación provocó la réplica inmediata de los policías autoconvocados, quiénes  aclararon que la protesta "tiene un carácter exclusivamente salarial y constituye un reclamo legítimo sin banderas políticas". En ese marco, revelaron que integrantes del partido La Libertad Avanza intentaron comunicarse con los referentes del reclamo, pero que decidieron no responder a dichos contactos de forma deliberada para evitar cualquier "interpretación de carácter político". Asimismo, salieron al cruce de versiones sobre financiamiento externo explicando que la donación de madera recibida para sobrellevar la protesta en las calles fue gestionada de manera particular por un efectivo retirado con un civil que históricamente ha colaborado tanto con las fuerzas como con el propio Ejecutivo.