La ciudad de Buenos Aires continúa con la concesión de los medios públicos

El 7 de mayo pasado se cumplió el plazo para que las empresas interesadas presentaran las ofertas. Y este martes a las 11, tal cual lo previsto, la Dirección General de Concesiones y Permisos dio a conocer los oferentes que cumplieron con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones, en el marco de la resolución firmada por el jefe de Gabinete, Gabriel Sanchez Zinny, y el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo.

Para la concesión del Canal de la Ciudad se presentaron cinco candidatas, pero tres no lograron cumplir con lo establecido. Sobre la mesa quedaron los sobres presentados por Cale Group Media, el holding que lidera Augusto Mariani y que opera los canales de streaming Blender y Carajo, que ofertó $50 millones. Y Argentinos Media, de Marcelo González, por $15 millones.

Ambos montos representan un pago mensual por la operación de la programación de la televisión pública porteña. Para el caso de la AM 1110 (La Once Diez) y la FM 92.7 (La 2x4), desde el GCBA aclararon que la licitación quedó desierta: "No hubo ofertas por las radios de AM y FM", informaron y aseguraron que volverán a abrir un nuevo procedimiento: "Se hará una nueva concesión".

Horas antes de conocerse el resultado de la licitación, Jorge Macri descartó de plano frenar el proceso, pese a la advertencia de posibles sanciones que le hizo saber el interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Juan Luis Ozores, debido a lo que considera es la "indelegabilidad" de las licencias, tal y como lo determina la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Tanto la AM como la FM son frecuencias del espectro radioeléctrico administrado por el Estado Nacional y que fueron otorgadas a CABA, pero que, según indica el ente regulador, no pueden ser delegadas a terceros. En el caso del Canal de la Ciudad, pertenece a la administración porteña.

"Vamos a avanzar con la licitación del gerenciamiento operativo de la TV y Radio de la Ciudad", recalcó Macri esta mañana. Y, en un mensaje hacia el núcleo duro del electorado libertario porteño, remató: "No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado sin costarle un peso a los vecinos".

En un comunicado, desde Uspallata aseguraron que la concesión no delega las licencias, sino que cede la gestión técnica, operativa y comercial a una empresa por cinco años. "La Ciudad mantiene la titularidad de los medios", afirmaron. El objetivo que persigue el PRO es mejorar la eficiencia de los recursos públicos y modernizar los medios, asegurando "la continuidad de su función social y cultural".

Trabajadores sufren revés en la Justicia, pero presentarán apelación

El mensaje público del jefe de Gobierno llegó en paralelo a un fallo favorable a CABA en el Fuero Contencioso Administrativo en el marco de una denuncia impulsada por un grupo de empleados de los medios que reclamaban a la jueza Macarena Marra Giménez que dicte una cautelar para frenar la concesión por la afectación normativa, patrimonial, cultural y laboral que podría provocar el gerenciamiento.

La magistrada tomó como base el dictamen del fiscal para rechazar "in limine" el planteo, quien argumentó que los denunciantes no demostraron "aptitud necesaria para constituirse en representantes del colectivo por el que intentan accionar" y afirmó que no se cumplen los requisitos dispuestos por la Corte Suprema para promover una acción colectiva.

Pese al riesgo que supone la concesión de los medios para los trabajadores y para el Estado porteño, Marra Giménez desestimó el pedido de cautelar bajo el argumento de que no existe "aún un conflicto concreto y actual" entre los empleados y el GCBA.

"La pretensión de declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones locales que establecieron el llamado a concurso (...) por violentar el régimen federal de los servicios de comunicación audiovisual y vulnerar derechos consagrados en la Constitución Nacional, resulta ajena a la esencia de la jurisdicción que el Poder Judicial se encuentra facultado a ejercer, que es la de resolver colisiones efectivas de derechos y no emitir opinión en abstracto acerca de la validez de actos llevados a cabo por otros Poderes del Estado", concluyó.

Desde el colectivo de trabajadores de los medios públicos porteños anticiparon a Ámbito que apelarán la decisión de la jueza. Y aseguraron que están dispuestos a llevar el planteo hasta la última instancia judicial.

En paralelo al reclamo por vía judicial, los más de 450 empleados que tienen las dos radios y el Canal de la Ciudad le enviaron una carta al jefe de Gobierno porteño para pedirle que no continúe con la concesión. "Esta decisión pone en riesgo el carácter público, cultural e informativo de medios que forman parte del patrimonio de todos los porteños", le advirtieron.

Le recordaron además que es una acción considerada como un “hecho antijurídico” por el ENACOM y que "atenta contra la pluralidad de voces (...), ataca el patrimonio público porteño, y vulnera el enorme acervo cultural de nuestros medios públicos que forman parte de la historia de la Ciudad". También le pidieron que contemple "el impacto laboral y social" de la medida sobre los cientos de trabajadores y trabajadoras que sostienen diariamente a la tríada de medios públicos porteños.