IPA alerta: el nuevo esquema eléctrico multiplica costos, endeuda a las PyMEs y pone en riesgo la producción

Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtió sobre la crítica situación que atraviesan miles de pequeñas y medianas empresas a partir de los cambios introducidos en el mercado eléctrico y reclamó la intervención de las autoridades frente a los fuertes aumentos en las facturas y los problemas surgidos en los contratos de abastecimiento.

Desde el 1° de noviembre de 2025 comenzó a regir la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía, que modificó las reglas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y avanzó hacia un esquema en el cual los grandes usuarios pueden contratar directamente energía y potencia en el mercado.

Para IPA, la implementación significó un cambio abrupto respecto del sistema bajo el cual las empresas habían funcionado durante casi tres décadas y encontró a buena parte del entramado productivo sin información suficiente para afrontar la nueva modalidad.

Según datos relevados por la entidad, de un universo de alrededor de 6.000 empresas alcanzadas por el nuevo esquema, sólo unas 800 concretaron contratos de abastecimiento.

Las consecuencias, advierte IPA, alcanzaron tanto a quienes no contrataron como a quienes sí lograron hacerlo.

En el primer grupo, la entidad registró casos de facturas eléctricas que llegaron a multiplicarse por cuatro. Pero las PyMEs que celebraron contratos tampoco quedaron al margen del problema: IPA señaló que existen empresas que están recibiendo cargos que llevan el costo final de la energía hasta valores cercanos al doble de lo originalmente pactado y que comenzaron a enfrentar controversias contractuales con sus proveedores.

Esta situación, sostuvo la entidad, está "produciendo quebrantos y endeudamiento por los aumentos recibidos", en momentos en que las empresas ya enfrentan las consecuencias de la caída de la actividad y del consumo.

"La electricidad es un derecho básico universal. Hoy las PyMEs sentimos que ese derecho no lo tenemos, aun pagando la energía", señalaron desde IPA.

Y agregaron: "Hacemos contratos y terminamos pagando la energía hasta el doble de lo que pactamos. Alguien tiene que intervenir. No interviene nadie y consideramos que estamos siendo estafados".

Para la entidad industrial, uno de los principales problemas fue la falta de información y acompañamiento durante la transición. Las empresas tuvieron que comenzar a analizar contratos, condiciones de abastecimiento, precios y obligaciones jurídicas propias de un mercado energético complejo, mientras al mismo tiempo intentan sostener la producción, el empleo y sus compromisos financieros.

"Estamos obligando a una PyME a convertirse de un día para otro en especialista en contratación energética, cuando debería estar pensando en cómo producir, vender y atravesar la crisis de consumo", plantearon desde IPA.

La preocupación empresaria adquiere mayor relevancia porque la propia normativa que dio origen al nuevo sistema estableció que la transformación debía desarrollarse mediante una transición gradual, ordenada y previsible.

Para IPA, esa previsibilidad no llegó a las empresas.

"No estamos cuestionando la necesidad de discutir cómo funciona el mercado eléctrico. Lo que no puede hacerse es cambiar de manera profunda las reglas del abastecimiento energético sin garantizar información, planificación y herramientas para que las PyMEs puedan adaptarse. El costo de una transición mal implementada no puede terminar cayendo sobre la producción", sostuvo la entidad.

IPA reclamó por ese motivo que las autoridades nacionales convoquen de manera urgente a los sectores involucrados y establezcan mecanismos para revisar los casos en los que existen fuertes diferencias entre los valores contratados y los finalmente facturados.

"Sin información, sin planificación y sin una política energética de largo plazo que dé previsibilidad, el nuevo modelo no está resolviendo un problema: está agregando otro. Y está empujando a muchas PyMEs al abismo", concluyó IPA.

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