La Justicia intimó nuevamente al Gobierno y le dio cinco días para que cumpla la ley de Financiamiento Universitario

El juez federal Martín Cormick intimó hoy nuevamente al gobierno para que en el término de cinco días acate la medida cautelar que obliga a cumplir con la ley de Financiamiento Universitario.

En una nueva resolución, el juez dispuso “intímese nuevamente al Estado Nacional –PEN- para que en el término de cinco (5) días cumpla con la medida cautelar, bajo apercibimiento de astreintes”.

La medida cautelar dictada en el expediente que obliga al cumplimiento de la ley se encuentra firme tras el fallo de la Corte Suprema dictado en junio pasado.

Universitarios realizan paro de 72 horas

Los gremios universitarios iniciaron este miércoles un paro nacional de 72 horas para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%. La protesta se extenderá hasta el viernes 2 de octubre y tendrá alcance en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras casas de estudios públicas del país.

La huelga fue aprobada por CONADU y CONADU Histórica y se suma a las medidas que llevan adelante organizaciones docentes y no docentes. El conflicto continúa sin una instancia de diálogo con el Gobierno, según denunció la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni.

En declaraciones a la Agencia NA, la dirigente aseguró que ningún funcionario se había comunicado con el sindicato y manifestó que “no tienen expectativas” de que la administración de Javier Milei cumpla con la normativa.

Los gremios reclaman el cumplimiento de la cautelar sobre salarios

Carboni sostuvo que el juez federal Diego Martín Cormick intimó la semana pasada al Poder Ejecutivo a cumplir de manera integral con la medida cautelar, con plazo hasta el 30 de septiembre.

“Lo que sabemos hasta ahora es que el Gobierno no respondió y empezó a girar el rumor de que había presentado una apelación, pero todavía, formalmente, no está presentada”, afirmó.

La titular de AGD-UBA señaló que no descartaba una presentación del Ejecutivo, aunque sostuvo que, a su entender, no correspondía una nueva apelación. También advirtió que el incumplimiento de la orden judicial daría lugar a multas.

Según explicó, no hubo una nueva negociación salarial ni se comunicaron mejoras adicionales al 3% previsto para los haberes de septiembre, que se cobrarán en octubre.

El reclamo judicial se remonta a finales del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó acciones de amparo ante la falta de aplicación de la ley. El Ejecutivo sostiene que no cuenta con los fondos necesarios para implementarla.

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