Reverberi Boschi, un cura acusado en la Argentina por crímenes de lesa humanidad sigue dando misa en Italia
La Parroquia de San Andrés Apóstol es testigo desde hace cinco años de las misas dominicales de un torturador. En ese lugar, situado en Sorbolo, un pequeño pueblo de la provincia de Parma con menos de 10.000 habitantes, vive desde 2011 Franco Reverberi Boschi, un cura acusado en la Argentina por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Sin embargo, la Justicia choca contra un impedimento legal: como la tortura no es considerada un delito en Italia, el Tribunal de Apelaciones de Bolonia y el Tribunal Supremo rechazaron el pedido. Y el cura, aun estando en la página de Interpol como “buscado” bajo el delito de “imposición de tortura”, vive sus 78 años en calma y da misas habitualmente. Por eso es que una asociación de defensa de los derechos y garantías en el sistema penal decidió impulsar un pedido de boicot al párroco, una suerte de escrache silencioso e invisible, con la expectativa de que la gente no asista hoy a su misa.
En la foja de acusaciones contra Reverberi Boschi, al menos cuatro víctimas de la represión ilegal aseguran haberlo visto -Biblia en mano- presenciando las sesiones de tortura en el centro clandestino de detención conocido como Casa Departamento, en la ciudad mendocina de San Rafael. En aquellos años era capellán del Ejército con grado de capitán en el Octavo Batallón de Infantería de Montaña.
Varios años después, en 2011, el cura regresó a Italia (nació en Parma el 24/12/1937) ante la posibilidad de que la Justicia argentina cayera encima suyo: un año antes de su “exilio”, un fiscal de San Rafael impulsó una investigación por los delitos cometidos durante la dictadura en esa ciudad. Pero se sabe que los procesos judiciales son más lentos que los aviones, y cuando en 2012 se libró la orden de detención contra Reverberi Boschi, éste ya estaba a salvo en su tierra natal y protegido por su ley.
Fue entonces cuando comenzó el (vano) pedido para extraditarlo. “Italia es un paraíso judicial para los torturadores”, denunció Patrizio Gonnella, presidente de la organización Antigone y principal promotor del boicot, cuya publicidad comenzó el domingo pasado, que no casualmente coincidió con el Día Internacional contra la Tortura. “Sería bueno si los ciudadanos de Enzano Sorbolo se abstuvieran de ir a la misa dominical en la Parroquia de San Andrés. La huelga de fieles podría ser una compensación simbólica a las víctimas de la tortura, ya que la compensación judicial no es posible”.