El Gobierno impulsó la aplicación de un bono mínimo de $2.000 en el sector privado

El Gobierno impulsó la aplicación de un bono a los privados dejando afuera al sector público, de $2.000 como primer paso de acuerdo a la Convocatoria al Diálogo por la Producción y el Trabajo que se realizará desde las 10 de hoy, pero encontró resistencia en una parte de los privado, que consideran “inviable” firmar un compromiso en el medio de una situación crítica del mercado interno, la caída de las ventas, la pérdida de empleo y la falta de competitividad.

Al encuentro con la CGT, que se realizará en la Casa Rosada, asistirán los representantes del Grupo de los Seis, que representan a la industria, al comercio, a la construcción, a los bancos nacionales, los ruralistas y el sector financiero. El G-6 tuvo, horas antes del cónclave, un encuentro privado con el coordinador de Gabinete, Mario Quintana, y los ministros Francisco Cabrera (Producción) y Jorge Triaca (Trabajo) en donde accedieron a un borrador que tiene preparado el Gobierno.

Los funcionarios de Mauricio Macri le entregaron un texto en donde los instaba a “sentarse a negociar por sector un bono extraordinario de fin de año en diciembre de un monto base de $2.000”, según confiaron a BAE Negocios distintas fuentes del sector privado que participaron de la exclusiva reunión.

Los empresarios se llevaron al interior de sus entidades la propuesta, y durante toda la jornada de ayer se debatió con intensidad la propuesta. De esas consultas surgió la alternativa de presentar modificaciones para “morigerar el tono imperativo” para el otorgamiento del bono de fin de año. Cada sector tiene una situación particular.

El caso más complejo y con un ejemplo “fresco” es el industrial, que sufrió en números la “cruda realidad” por la que atraviesa el sector. Los textiles anunciaron el lunes pasado que la crisis generó cierre de empresas, parálisis de centenares de fábricas pymes y un desempleo de aproximadamente 20.000 puestos de trabajo.

Y ayer, en la reunión del Comité Ejecutivo de la UIA, los dos temas que centralizaron el debate fueron la imposibilidad de afrontar el bono, y la caída de la actividad industrial, que en agosto fue del 6,6% y, con números preliminares, se proyecta un derrumbe “importante” también para septiembre.

El caso UIA es complejo no sólo por la realidad fabril sino por la representación: el presidente Adrián Kaufmann Brea irá con mandato de firmar “sólo aquello que no condicione a las empresas”. Sucede que la entidad representa a 85 industrias distintas, que tienen un promedio salarial de $30.000 bruto, con aproximadamente 800 paritarias. Un escenario de imposible acuerdo general.

Distinta es la situación de los demás sectores, en donde las cámaras son las que se sientan a negociar los acuerdos paritarios del sector, como el caso de Comercio, que evalúa incorporar en el entendimiento del segundo semestre el bono que le reclama el Gobierno, aunque consideran “difícil” de ponerle un piso.

Construcción cerró las paritarias que fuentes consultadas por este diario no descartaron que exista una apertura del acuerdo para dar la señal que espera el Gobierno. Sin embargo, no todas las voces en el sector privado consideran que hoy exista una respuesta que deje contentos a los reclamos.